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En este video quiero denunciar una práctica que afecta directamente a los artistas independientes y músicos que buscan difusión en la televisión pública, específicamente en el programa La Noche es Nuestra de Canal 7. Un supuesto agente de prensa o productor está cobrando 600 mil pesos para permitir la participación, justificando el monto con gastos de SADAIC, AADI y CAPIF. Esta situación no solo es irregular, sino que contradice la normativa vigente y puede encuadrarse como delito de estafa según el Código Penal argentino.
La Ley 11.723 de Propiedad Intelectual y la Ley 17.648 establecen que SADAIC es la entidad encargada de recaudar y distribuir los derechos de autor por la utilización de obras musicales. Estos aranceles se aplican a los usuarios de música, como radios, canales de televisión y organizadores de espectáculos, nunca a los músicos que interpretan sus propias obras. Por lo tanto, exigir a los artistas que paguen directamente estos costos es una práctica indebida y contraria a la ley.
En el caso de AADI-CAPIF, creada por el Decreto 1670/74, su función es gestionar los derechos de comunicación pública de intérpretes y productores fonográficos. Los pagos corresponden a bares, restaurantes, radios, televisores y otros usuarios que difunden música, no a los artistas invitados a programas televisivos. Cobrar directamente a los músicos por estos conceptos es una distorsión de su rol legal y un abuso de confianza.
El Código Penal argentino, en su artículo 172, tipifica la estafa como el acto de defraudar a otro mediante nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño. Un productor que se presenta como representante oficial de un programa de la televisión pública y exige dinero bajo conceptos falsos encuadra perfectamente en esta figura penal.
La televisión pública, como canal federal, tiene la obligación de garantizar acceso por mérito artístico y no por capacidad económica. Cobrar sumas millonarias contradice el principio de igualdad y transparencia que debe regir en los medios estatales. En lugar de fomentar la diversidad cultural y dar espacio a quienes tienen propuestas musicales valiosas, se convierte en un negocio privado donde solo accede quien más paga.
Por eso, esta denuncia busca visibilizar una práctica que vulnera derechos, engaña a los músicos y convierte un espacio cultural en un negocio. La cultura no puede seguir siendo un terreno donde gana quien más dinero tiene. Es necesario que el canal investigue, que se esclarezca si estas prácticas se realizan con conocimiento de la producción o si son acciones individuales de personas que se aprovechan de la necesidad de difusión de los artistas independientes.
La televisión pública debe ser un espacio de difusión transparente y accesible para todos los artistas, sin condicionamientos económicos. Los músicos no deben pagar por derechos que la ley establece que corresponden a los usuarios de música, ni deben ser víctimas de estafas disfrazadas de gestiones de prensa. Esta situación es un llamado urgente a revisar los criterios éticos y culturales detrás de las decisiones de programación y a garantizar que el talento sea el verdadero motor de la difusión artística en los medios públicos.
En definitiva, lo que está ocurriendo con este supuesto productor o agente de prensa es unam contravención a las normativas de SADAIC y AADI-CAPIF, y una posible estafa según el Código Penal. Los artistas independientes merecen respeto, transparencia y acceso real a los espacios culturales. La televisión pública no puede ser un negocio donde se compra pantalla, debe ser un lugar donde se valore la música y el esfuerzo de quienes la crean.
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